Tejer solidaridad y apoyo mutuo desde abajo, en comunidad; en comunidad organizarse, bregar, exigir, proponer otras visiones del mundo y otras políticas; y en una gran comunidad diversa repartir los frutos de esas luchas, está en la esencia del feminismo comunitario desde el que colectivos de mujeres peruanas enfrentan la violencia.

Con esa perspectiva es que trabajaron durante cinco años, junto a organizaciones afines españolas, en el programa de cooperación Por el derecho de las mujeres adolescentes y niñas a una vida libre de violencias en las regiones de Cusco y Lima, que el 26 de mayo de 2023, en el CCE Lima, compartió los resultados y aprendizajes adquiridos en esta labor.

La feminista comunitaria Adriana Guzmán, la periodista afrofeminista y antirracista Sofía Carrillo y la adjunta de la Defensoría del Pueblo Diana Portal participaron en esta jornada orientada también a debatir acerca de las estrategias y retos pendientes en la lucha por la prevención de la violencia de género.

Como la alegría, la ternura y la música también han sido armas importantes de resistencia y fortaleza en este cometido, el encuentro cerró con la Batucada Yemayá y las cantautoras Karolinativa y Wendy Sulca.

“Vivir sin miedo es nuestro derecho” es el lema bajo el que se ha amparado todo un trabajo de transformación de patrones socioculturales que contribuyen a perpetuar relaciones desiguales entre mujeres y hombres de cualquier edad. De igual modo, la intervención desarrollada en Lima y Cusco ha tenido como objetivo desmitificar y erradicar supuestas diferencias entre ambos géneros que justifican, legitiman y exacerban las violencias contra las mujeres.

Para ello, las organizaciones peruanas Demus y Kallpallpa colaboraron estrechamente con la Red de Mujeres Organizadas de Carabayllo (Lima) y la Red de Mujeres Acomaínas Kuskalla (Acomayo, Cusco). En su quehacer, han contado con el apoyo de las entidades españolas Entrepueblos, Enraíza Derechos y Asociación de Investigación y Especialización sobre temas Iberoamericanos; y el financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

“Las mujeres nos dimos cuenta de que para frenar la violencia era necesario hablarlo, intercambiar nuestras vivencias y organizarnos en espacios seguros para aprender y defender nuestros derechos, sobre todo en contextos de crisis donde el impacto de la violencia es más fuerte”, reflexionaba una de las participantes en la intervención en Carabayllo.

Una injusticia persistente

A principios de este mes de mayo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables dio a conocer que se han registrado 58 feminicidios en Perú en los primeros cuatro meses del año. En otras palabras, cada dos días una mujer es asesinada.De acuerdo con los últimos datos de la Defensoría del Pueblo, en abril de este año se reportaron 191 desapariciones de mujeres adultas, 82 de estas en Lima, y 238 desapariciones de niñas y adolescentes mujeres (91 en Lima). La Defensoría del Pueblo recalcó “la relación entre el género y la edad de las víctimas como factores de vulnerabilidad”.

Según el Servicio de Atención Urgente del Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, en este 2023 se han registrado 2475 casos de violencia familiar y sexual, entre otros considerados de alto riesgo. El 76,64% (1971) afectaban a una mujer. Por su parte, los Centros de Emergencia Mujer han atendido en lo que va de año 52 409 casos de víctimas de violencia.

Teniendo en cuenta esta realidad, el trabajo llevado a cabo dentro del mencionado convenio también ha tenido como propósito empoderar a las mujeres haciéndoles conocer sus derechos, así como el seguimiento de las autoridades involucradas en la implementación y cumplimiento de políticas públicas y leyes como la Ley 30364, sobre la cual se guía la campaña Vivir sin Miedo para demandar la garantía de ese derecho.