Participan James Anaya, ex-relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas; Angel Gonzales, director de la Dirección de Políticas y Gestión en Derechos Humanos (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú); Lourdes Ninapayta, vicepresidenta de la Coordinadora de Derechos Humanos- Ica; Karen Huere, defensora asháninka, integrante de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas de Perú; Linda Vigo, defensora y abogada de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes; y Jaime Borda, coordinador de la Red Muqui.

Modera Maia Campbell, coordinadora de la Misión Técnica de la OACNUDH en Perú.

Desde el 2020 hasta el 2023, 20 personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas en Perú, 2 de ellas durante ese año. El riesgo va en aumento, sobre todo en zonas mineras y en la Amazonía, donde campea la explotación ilegal de sus recursos. En ese contexto, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el CCE Lima organizaron la proyección del cortometraje Nuestro territorio amenazado que dio pie a un debate entre personas defensoras, expertos internacionales, representantes estatales y el público asistente.

Ina Nugke Awantai, título del corto en la lengua awajún, es fruto de un taller de documental guiado por la cineasta Maga Zevallos con personas de esa comunidad indígena, en el que ellas dejan testimonio audiovisual de cómo la irracional explotación del agua y la tierra es un peligro permanente para la integridad natural de sus áreas y para sus propias vidas.

Esta presentación, que se realizó en el marco del 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, trató de contribuir a la visibilización del trabajo crucial de las y los defensores indígenas del medioambiente y los territorios; los graves riesgos que encaran; y el imperativo de fortalecer los mecanismos para garantizar un entorno seguro a su labor.

Más contexto

La mayoría de las víctimas defensoras de los derechos humanos en Perú en los últimos años son de las regiones amazónicas. Han sido asesinadas en incidentes perpetrador por actores vinculados a la minería ilegal, la tala de árboles, el tráfico de tierras y, cada vez más, la narcoactividad.

En las regiones andinas y costeras del país, predomina la criminalización de personas defensoras del territorio, el medioambiente y los derechos de los pueblos indígenas y campesinos; en casos que involucran principalmente al sector privado en conflictos socioambientales.

En abril 2021 se creó el Mecanismo Intersectorial de Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos que ha ido incluyendo nuevos sectores y ha gestado mesas regionales para atender de forma efectiva las situaciones riesgosas para las y los salvaguardas.